El Protocolo es un documento que, fundado en instrumentos internacionales de derechos humanos, prioriza los principios y prácticas dirigidos tanto a la modificación de aspectos jurídicos como a los administrativos relacionados con la atención en el ámbito judicial de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad; el Protocolo busca facilitar que las personas que participan en el funcionamiento de los sistemas judiciales cuenten con una herramienta de consulta con estándares que sirva de guía de actuación así como propiciar el diálogo entre las Cortes de Justicia de los 23 países de la región, retomando sentencias y buenas prácticas que muestran cómo se están protegiendo los derechos de personas y colectivos vulnerables en tribunales internacionales y en los poderes judiciales de la región. El documento tiene un apartado específico sobre niñas, niños y adolescentes y otro sobre personas migrantes y sujetas de protección internacional en el que se identifica como principio a primar , en el caso de la niñez migrante, el interés superior del niño de acuerdo a la CDN.
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