Ley Nº 137 de 7 de agosto de 2003.
Establecer un instrumento jurídico que prevenga, proteja, combata y penalice la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Es necesario armonizar las definiciones legales, los procedimientos jurídicos y la cooperación judicial, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, a fin de lograr la prevención y explotación conexa a esta realidad.
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